La empresa, es pues, responsable penal, no sólo por los delitos cometidos, en beneficio directo o indirecto de la empresa, por sus representantes legales, administradores o directores, sino que también lo es por los delitos cometidos por las personas sometidas a su autoridad (empleados) si no se han implantado previamente modelos de organización que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenirlos.

De esta forma el Código Penal establece la obligación de supervisión de los superiores respecto de los empleados, responsabilizando penalmente a la empresa cuando éstos cometan un delito que la beneficie y se considere que la empresa ha incumplido gravemente su deber de control a empleados y dependientes. No es relevante, a efectos de la ley, si los empleados actúan en beneficio propio, para ganar más comisiones de venta, por ejemplo. Si la actuación beneficia a la empresa – más ventas en el ejemplo – y se no ha existido el debido control, la empresa será responsable.

Por el contrario, las empresas quedarán eximidas de responsabilidad si, de acuerdo con lo especificado en el Art. 31 bis del Código Penal, “antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.”

Un canal de denuncia es un servicio que permite a los empleados, clientes o terceros informar sobre cualquier actividad sospechosa o inapropiada en una organización. Estos canales son una herramienta importante para la gestión de riesgos y la prevención de fraudes, corrupción y otros tipos de conductas inapropiadas en el lugar de trabajo.